La verdad de una constituyente

 

💊 PÍLDORA PARA DEFENDER A COLOMBIA: Los principales subversivos e impulsores de las marchas socialistas en Colombia son las organizaciones internacionales y estados extranjeros como las oficinas de la ONU y los diplomáticos de países socialistas. La Fuerza Armada tiene el deber de defendernos de esta agresión extranjera. No a la constituyente extranjera socialista!

💊💊 DOBLE PÍLDORA PARA PENSAR: Usan las manifestaciones como un instrumento de guerra para imponer el socialismo en una constituyente guerrillera. Pilas Colombia, lo que llaman diálogo social no es más que dialéctica socialista para tomarse el poder. Por eso debemos ser prudentes y no participar de ninguna marcha. NO A LA CONSTITUYENTE GUERRILLERA!

CARTILLA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS Y DELITOS PRESENTES EN LAS ACCIONES QUE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE PROTESTA EN COLOMBIA. 2021. Dios, Patria, Familia. INTRODUCCION. El presente material, pretende visibilizar e ilustrar acerca de los derechos constitucionales vulnerados o en peligro, en el desarrollo de los actos ilícitos acaecidos en el marco de las protestas y manifestaciones sociales en Colombia. Así como también invitar a los lectores a una reflexión mediante el análisis del derecho a la protesta, frente a otros derechos constitucionales. De igual manera, dar a conocer las conductas tipificadas en el código penal y que a raíz de las acciones ilícitas perpetradas en el marco de las protestas populares, han afectado a parte de la población colombiana. No pretende el presente documento, hacer un estudio jurídico plagado de profundidad y técnica jurídica, por el contrario busca que el mismo sea de fácil comprensión para sus lectores. A los profesionales del derecho que conozcan de este material, que sirva de guía rápida en la consulta normativa y brinde una visión de la protección de derechos, desde la óptica del ciudadano que está del otro lado de las manifestaciones y que está siendo afectada. Dios, Patria, Familia. DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS En este acápite, se presenta la relación de derechos y libertades que la Constitución política de 1991 consagra y otorga a todos los habitantes del territorio nacional colombiano, y que a raíz de las acciones ilícitas desplegadas por algunos grupos infiltrados en las protestas pacíficas, que deslegitiman este derecho, afectan a un alto número de la población colombiana. Preámbulo El pueblo de Colombia, En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia De acuerdo a lo redactado en el preámbulo de la Constitución política, este como la visión de país y de sociedad que se espera de Colombia, mediante la realización de los postulados planteados en la constitución, y que a su vez sirva de guía para la creación de normas de rango inferior y la debida interpretación del marco jurídico colombiano. Frente a la situación actual de nuestro país, se observa, como la unidad del mismo, se encuentra fragmentada por los diversos actores, los cuales carecen de una identidad y estructura en sus inconformidades y peticiones. Con la realización de acciones no pacificas que han empañado el ejercicio de la protesta, hemos visto infortunadamente como la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz se han visto altamente afectados por parte de algunos grupos y organizaciones a través de comportamientos ilícitos que en el segundo capítulo del presente documento serán tratados. En lo referente a un marco jurídico, democrático y participativo, vemos que las acciones desestabilizadoras ocurridas en la última semana, indican el desconocimiento y menoscabo de las normas jurídicas que rigen diversos aspectos de la vida en Colombia, carentes a su vez de cualquier mecanismo de participación democrática como son el plebiscito, referéndum, el voto, etc. Rompiendo de esta forma el orden y las garantías políticas económicas y sociales. Dios, Patria, Familia. ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Los actos de protesta no pacifica, desechan el carácter democrático que caracteriza a Colombia, al pretender un cambio de gobierno, sin acudir a los procesos electorales que la constitución y la ley tienen previstos cada periodo de tiempo para el relevo gubernamental, acudiendo a las vías de hecho, menoscabando la participación abierta, irrespetando la dignidad humana, el trabajo y el interés general de las personas que se encuentran confinadas en sus municipios, sin la oportunidad de desplazarse a su sitio de trabajo, abrir los establecimientos de comercio y realizar sus actividades económicas cotidianas. Fines esenciales del Estado. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Los fines son los objetivos, las metas, adonde se quiere llevar a la Republica de Colombia, ante lo cual surge el siguiente interrogante: ¿La situación actual refleja la realización de dichos fines? Deber de acatar la constitución. ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Dios, Patria, Familia. Dicho mandato, no hace distinción en cuanto a la calidad de ciudadanos o personas, posee un vínculo de obligatorio cumplimiento para todos sin excepción alguna. ¿Consideras que quiénes bloquean y destruyen nuestra nación, están cumpliendo con este deber? ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Hemos observado, como un grupo de ciudadanos indígenas de la etnia Misak, viene de forma articulada destruyendo diversos monumentos históricos que hacen parte de nuestra cultura en ciudades como Cali, donde derribaron la estatua del fundador de la ciudad e igualmente en Bogotá. DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES Derecho a la vida. ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Este derecho fundamental no solo se vulnera cuando una persona pierde la vida, también se coloca en riesgo ante situaciones que impiden que una persona acceda de forma oportuna a recibir atención médica, así como también cuando se atenta contra el acceso a los alimentos básicos de la canasta familiar. Derecho a la igualdad. ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Derecho a la paz. ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ARTÍCULO 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, Dios, Patria, Familia. y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Derecho a la libre circulación. ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Derecho altamente afectado por las barricadas instaladas en diferentes vías de nuestra nación, y que vienen impidiendo el ejercicio del derecho a la libre circulación de muchos colombianos, así como el de otros derechos como el trabajo, la salud, la educación. En concordancia con el artículo 353A del Código Penal, el cual hace referencia a la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Excluyéndose las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente (Alcaldes y Secretarios del interior, gobierno, seguridad o paz y convivencia). Cuando se hace referencia a movilizaciones, son concentraciones humanas en movimiento y no estáticas que impidan de forma prolongada en el tiempo el tránsito, circulación o paso por las vías. Otra modalidad de vulneración de este derecho, la podemos verificar en la carencia de vehículos de servicio público y la prestación de servicio en estaciones y terminales de transporte, que ante los actos vandálicos y de destrucción de dichos sistemas, afectan el goce no solo del derecho a la movilidad sino otros que para su ejercicio requiere del servicio público de transporte. Derecho al trabajo. ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Los bloqueos impiden que la población pueda acudir de manera segura y oportuna a sus distintos sitios de trabajo, obstruyendo el desarrollo de toda actividad económica y afectando los ingresos de quienes allí confluyen. Dios, Patria, Familia. También ante la destrucción y saqueo de almacenes, empresa y negocios, cuya única alternativa ha sido el cierre definitivo de los mismos, ha dejado sin empleo a miles de personas, privándolas de este derecho. Derecho a la manifestación pública y pacífica. ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Este derecho merece especial análisis, en condiciones de igualdad todos los habitantes de Colombia, podemos ejercerlo, pero dentro de los límites constitucionales y legales, NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, que otorgue a quien lo ejerce, la potestad de pasar por encima y vulnerar el resto de derechos a la población que libremente decide manifestarse de otros modos o no hacerlo. Este derecho, se deslegitima en el momento en que pierde la condición de pacifica, para convertirse en una actividad violenta, destructiva e ilegal, que desencadena la afectación de otros derechos al resto de la población. Y por ende obliga a las autoridades a tomar medidas que garanticen la seguridad y la sana convivencia en sus municipios y territorios. Derechos fundamentales de los niños. ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Dios, Patria, Familia. Llama dolorosamente la atención, como en días pasados a causa de los bloqueos en las vías, en un municipio de Cundinamarca, falleció un bebe, al negársele la oportunidad a su madre de ser atendida en una institución de salud, sumado a esto se les viene afectando sus derechos a la educación, la salud, a la alimentación equilibrada, esta última ante la escasez de productos de primera necesidad en algunas poblaciones y los altos precios de los alimentos que se logran conseguir. Derechos de los adolescentes. ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Derecho a la salud. ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Derecho al trabajo. ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Miles de colombianos hoy en día se encuentran confinados en sus casas sin la posibilidad de acceder a sus trabajos debido a los bloqueos que impiden además la libre circulación, Dios, Patria, Familia. afectando sus ingresos y derecho al mínimo vital personal y familiar, además de colocar en riesgo la continuidad de los contratos de trabajo ante la destrucción de diversas fuentes como comercio, industria, servicios y agro. Menoscabándose así el sustento de buena parte de la población. Protección a la producción alimenticia. ARTICULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Millones de pesos en pérdidas se registran a la fecha ante la imposibilidad de comercializar la producción agrícola proveniente del campo, generando desabastecimiento y carestía en las ciudades, lo que a su vez afecta el consumo de los productos básicos de la canasta familiar de los colombianos y colocando en riesgo la seguridad y estabilidad alimentaría del pueblo. También el sector padece por la falta de alimento para las especies pecuarias, causando la muerte de miles de animales, necesarios en la alimentación del pueblo colombiano, generando pérdidas significativas al sector. Derecho a la educación. ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la Dios, Patria, Familia. mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. Protección del patrimonio cultural ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Protección de la integridad del espacio público. ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Este derecho, ha sido pasado por alto por muchas autoridades, razón por la cual vale la pena hacer mención del mismo, toda vez que alcaldes, gobernadores y policía, no están garantizando dicha protección bajo el deber de prevalencia del interés común, frente a los intereses particulares de quienes cierran vías y obstaculizan la circulación y el tránsito de las personas de manera indefinida por el espacio público. Concuerda a su vez con los artículos 24 constitucional, libertad de circulación y 353 A del Código Penal, Obstrucción de vías públicas. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Dios, Patria, Familia. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Estado de conmoción interior. ARTICULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. Dios, Patria, Familia. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Esta herramienta constitucional otorga al Presidente de la república, facultades extraordinarias para dictar medidas que lleven o conduzcan a restablecer el orden y la tranquilidad en el territorio, bajo la observación y cumplimiento de unas condiciones establecidas y los controles por parte de las otras ramas del poder público (Legislativo y Judicial). Fundamento constitucional de la policía. ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. Funciones del procurador. ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. Dios, Patria, Familia. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias. Funciones del Defensor del pueblo. ARTICULO 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. En estos dos últimos artículos, podemos ver que dentro del marco funcional del procurador y el defensor del pueblo, se establece de forma directa la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, pero estos derechos, no solo se deben observar desde el ángulo de quienes ejercen el derecho a manifestarse, desconociendo los demás derechos a la comunidad como ha venido ocurriendo, y en donde medios de comunicación, organismos internacionales y algunas autoridades, solo hablan y atienden los derechos de los manifestantes, olvidándose del resto de la población y de la puesta en peligro y/o vulneración de los demas derechos fundamentales. Siendo pertinente indicar, que encada municipio, las funciones del procurador y el defensor del pueblo, radican en cabeza del Personero Municipal, dentro de su ámbito y jurisdicción territorial. Dios, Patria, Familia. Funciones del alcalde. ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. Dios, Patria, Familia. Conductas punibles o delitos que pueden derivarse del ejercicio desproporcionado y equivoco del derecho a la manifestación, cuando deja de ser pacífica. Dios, Patria, Familia. El presente articulado, hace parte del código penal colombiano (Ley 599 de 2000). ARTICULO 103. HOMICIDIO. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. ARTICULO 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas de acuerdo a la gravedad de las lesiones. ARTICULO 198. VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO. El que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran, o por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa. Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa. ARTICULO 199. SABOTAJE. El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. ARTICULO 239. HURTO. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dios, Patria, Familia. ARTICULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La pena será de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses de prisión y multa hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el monto del daño no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dios, Patria, Familia. ARTICULO 343. TERRORISMO. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTICULO 347. AMENAZAS. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte. ARTICULO 348. INSTIGACION A DELINQUIR. El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. ARTICULO 350. INCENDIO. El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dios, Patria, Familia. Si la conducta se realizare en inmueble o en objeto de interés científico, histórico, cultural, artístico o en bien de uso público o de utilidad social, la prisión será de treinta y dos (32) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad si la conducta se cometiere en edificio habitado o destinado a habitación o en inmueble público o destinado a este uso, o en establecimiento comercial, industrial o agrícola, o en terminal de transporte, o en depósito de mercancías, alimentos, o en materias o sustancias explosivas, corrosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas, infecciosas o similares, o en bosque, recurso florístico o en área de especial importancia ecológica. ARTICULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este delito, es necesario señalar la aclaración efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-742 de 2012, respecto a la frase: “Imposibilite la circulación”, subrayada en el artículo y que indica: “Es hacer completamente imposible el transporte público, colectivo u oficial y por tanto no consiste solamente en paralizar o frenar un vehículo o el servicio de transporte público, sino eliminar cualquier posible condición para la circulación del mismo (…)”. ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCIÓN A VÍAS PÚBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política. Al realizar el comentario acerca del artículo 24 de la constitución política sobre el derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Vemos como con la mayor vehemencia grupos de personas vienen Dios, Patria, Familia. incurriendo en este comportamiento delictivo, bajo la cobertura argumentativa de ejercer el derecho a la movilización pacífica, cuando está más que demostrado que este tipo de perturbación al orden público, se sustrae de ser el ejercicio de un derecho por convertirse en una práctica que vulnera los derechos constitucionales de buena parte de la población. Cabe señalar, que la comisión de dicho comportamiento, se encuentra excluida en el caso de ser aprobada por la autoridad competente (Alcaldes y Secretarios del interior, gobierno, seguridad o paz y convivencia). ARTICULO 368. VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. No podemos olvidar que desde marzo de 2020, la población mundial viene siendo afectada por la pandemia del virus sars cov II o covid 19, y que el día 28 de abril de los presentes, Colombia estaba atravesando el tercer pico de la pandemia, registrando índices de mortalidad diaria promedio de 450 personas. Ante lo cual las autoridades locales venían aplicando medidas de prevención como toques de queda, ley seca y diversas restricciones, las cuales fueron pasadas por alto por los organizadores y promotores de las protestas, desconociendo además un pronunciamiento emitido por una Magistrada del Tribunal administrativo de Cundinamarca, que suspendía la realización de manifestaciones públicas en aras de preservar la vida por causas de la proliferación de la pandemia. Viéndose inmersos en dicha conducta, quienes han participado en las manifestaciones, desacatando las medidas sanitarias establecidas por los alcaldes y gobernadores y que fueran acompañadas por el pronunciamiento del organismo judicial. ARTICULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Este artículo, nos lleva a reflexionar, sobre los ataques de los que han sido blanco de forma indiscriminada funcionarios policiales, gestores de convivencia, miembros de la defensoría del pueblo entre otros, al tratar de mediar e impedir el desborde por parte de algunos manifestantes que de manera violenta arremeten contra los servidores. Dios, Patria, Familia. ARTICULO 446. FAVORECIMIENTO. El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada